Derechos digitales laborales

La digitalización de la relación laboral ha convertido en obligaciones concretas lo que antes eran prácticas informales. La desconexión digital está reconocida por la LOPDGDD (art. 88) y el Estatuto de los Trabajadores (art. 20 bis), y exige una política interna negociada con la representación legal de las personas trabajadoras. El registro de jornada (ET, art. 34.9) es diario, debe conservarse cuatro años y estar a disposición de trabajadores, representación legal e Inspección. Y el trabajo a distancia tiene su propia ley: la Ley 10/2021.

Cuando el trabajo a distancia alcanza al menos el 30 % de la jornada en un periodo de tres meses, la Ley 10/2021 exige un acuerdo escrito, la compensación de los gastos y la dotación de medios, el registro horario, el respeto a la intimidad y a la protección de datos, y el derecho a la desconexión digital. Estas piezas no se improvisan: necesitan políticas y acuerdos bien redactados.

Alrededor de esas obligaciones está la zona de mayor riesgo práctico: el uso de dispositivos corporativos y personales (BYOD), los límites de la monitorización del correo, internet y las herramientas de trabajo, la geolocalización de personas trabajadoras y la información a la plantilla sobre los parámetros algorítmicos que afectan a sus condiciones. Ahí el poder de control empresarial tiene límites que conviene definir por escrito.

Qué revisamos: las políticas existentes de desconexión, teletrabajo y dispositivos, los acuerdos individuales de trabajo a distancia, el sistema de registro de jornada, las herramientas de monitorización en uso y la información dada a la plantilla. El objetivo es un conjunto de políticas claras, negociadas cuando la ley lo exige, y aplicables sin fricción.