Me piden el plan de igualdad para una licitación: ¿sirve tenerlo en elaboración?

Un presupuesto aceptado para elaborar el plan de igualdad no demuestra que la empresa ya cumpla su obligación. Si vas a presentar una oferta pública, debes revisar el estado real del plan y las condiciones de la licitación antes de firmar declaraciones responsables.

Qué establece la normativa

El artículo 71 de la Ley de Contratos del Sector Público contempla la prohibición de contratar vinculada al incumplimiento de la obligación de contar con plan de igualdad en empresas de 50 o más trabajadores y exige su inscripción en el registro laboral correspondiente.

La acreditación y el momento relevante deben examinarse junto al procedimiento y los pliegos. No es seguro asumir que cualquier falta puede corregirse después de presentar la oferta.

Cuatro situaciones distintas

No es lo mismo estar recopilando datos, tener el plan negociado y firmado, haber solicitado su registro o disponer de inscripción. Comprueba justificantes y posibles requerimientos del registro. Evita describir todas esas situaciones como «plan tramitado».

Una declaración responsable debe corresponder a hechos verificables. Firmarla pensando que el consultor terminará a tiempo puede introducir un problema adicional si no refleja la situación exigible.

Ejemplo orientativo

Una empresa prepara una oferta cuyo plazo cierra en una semana y descubre que nunca constituyó la comisión negociadora. No basta con comprar un modelo urgente. Hay que valorar el procedimiento de igualdad y las consecuencias concretas para esa licitación, sin prometer un resultado imposible.

Qué documentación reunir

Pliegos, fecha límite, plantilla calculada correctamente, plan, actas y estado registral. Revisa también si la obligación existía por convenio o resolución administrativa, aunque el análisis de la prohibición de contratar tenga su propio ámbito.

Preparar el plan como parte del cumplimiento habitual evita convertir cada licitación en una emergencia. NormoLex puede revisar su estado y coordinar la regularización, identificando con precisión qué está acreditado y qué sigue pendiente.